La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que las
ejecuciones extrajudiciales —conocidas como «falsos positivos»— respondieron a un
patrón sistemático. Entre 2002 y 2008, miembros del Ejército
Nacional asesinaron civiles y los presentaron como bajas en combate dentro de un
sistema de presiones por resultados operacionales, incentivos y beneficios
institucionales documentados por la JEP. Estos hechos son clasificados
como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, eran
reclutadas con falsas promesas de empleo, trasladadas desde sus barrios hacia zonas
rurales y ejecutadas poco después. Los territorios con mayor concentración
documentada hasta hoy son Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander,
Casanare, Huila y Meta.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), la JEP documenta que entre
2002 y 2008 ocurrieron miles de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente
presentadas como bajas en combate. La pregunta pública «¿Quién dio la orden?»
apunta a esclarecer la cadena de mando, las presiones por resultados, las
decisiones institucionales y las responsabilidades pendientes.
7.837
Víctimas documentadas por la JEP (2025).
6.402
Cifra inicial del Auto 033 de 2021.
135
Hechos sancionados en La Popa (2025).
12
Comparecientes en la primera sentencia.